En Foro sobre Reforma Policial RD reconocen apertura jefatura de Castro Castillo
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República Dominicana. Concluyó este jueves el Primer Foro Interinstitucional para la Reforma Policial, organizado por el mayor general Manuel Castro Castillo, jefe de la Policía, donde los expositores coincidieron en reconocer la apertura y disposición de diálogo con la sociedad de la actual Jefatura de la Policía Nacional.
De igual forma, los disertantes se mostraron de acuerdo en que las actuales autoridades policiales tienen disposición y voluntad de conducir los procesos de la reforma institucional, “lo que se expresa en los avances registrados en diversas áreas de la gestión de la institución producidos en este período y que han preparado las condiciones para las necesarias reformas del porvenir”.
Coinciden, además, en que para alcanzar metas trazadas es esencial que el Poder Ejecutivo disponga de las medidas necesarias para que la dotación de los recursos presupuestarios y las directrices de política pública sean incrementados y fluyan de manera adecuada, así como que asuma el liderazgo de impulsar las transformaciones y las defienda frente cualquier resistencia en el campo político.
El evento, que inició el pasado martes y concluyó la mañana de hoy, buscaba identificar los puntos que deben ser modificados para fortalecer la Policía Nacional y el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el país. La iniciativa cuenta con los auspicios de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
A continuación presentamos las conclusiones del Foro Interinstitucional para la Reforma Policial, las cuales fueron leídas por Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo (FINJUS).
SINTESIS DE APORTES DEL PRIMER FORO INTERINSTITUCIONAL PARA LA REFORMA POLICIAL
El Primer Foro Interinstitucional para la Reforma Policial, celebrado del 7 al 9 de julio de 2015, reunió a importantes sectores sociales e instituciones locales e internacionales, animados por contribuir al fortalecimiento de la Policía Nacional y al mejoramiento de la seguridad ciudadana en el país. El evento, que contó con el auspicio de La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para la el Desarrollo Internacional (USAID), se desarrolló en un marco de pluralidad y libre expresión de criterios y opiniones acerca de las prioridades y condiciones más idóneas para avanzar en la reforma policial, atendiendo a la cordial invitación de la Jefatura de la Institución.
El Foro se constituyó en un escenario donde, desde diferentes enfoques y perspectivas, comunicadores sociales, académicos, organizaciones de la sociedad civil, expertos en seguridad ciudadana y reforma policial, identificaron un abanico de preocupaciones, propuestas y sugerencias que coincidieron en los aspectos medulares, cuya síntesis será entregada tanto a los órganos legislativos, como a los hacedores de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, de forma que sirvan para enriquecer la iniciativa de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que ha estado conociendo el Congreso Nacional, así como para que el Poder Ejecutivo tome nota de la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios que requiere la implementación de una reforma policial integral como la que espera la sociedad dominicana.
Un punto común del Foro es que existe una amplia coincidencia en que la reforma policial constituye una necesidad de cara a las transformaciones en la vida democrática que ha vivido el país. Se reconoció que la Policía Nacional surgió en un régimen de fuerza que la configuró como una institución represiva, jerarquizada y militarizada, marcando su imagen institucional y alimentando la desconfianza de la sociedad. Pese a los avances institucionales registrados en el Estado dominicano, la Policía Nacional ha permanecido estancada por décadas, lo que ha impedido la reforma integral que adecue su estructura y dinámica de trabajo a las exigencias del Estado social y democrático de derecho proclamado por la Constitución.
El Foro reconoció que la institución policial cuenta con grandes potencialidades y capacidades en todos los órdenes, los que lamentablemente no podrán tener un impacto positivo y de largo alcance si no se realizan los cambios normativos, organizacionales y de los modelos de gestión, así como el diseño de las políticas públicas que son necesarias para redoblar su eficiencia y efectividad en la prevención y persecución del delito, generar una mayor y mejor confianza en la ciudadanía y responder a las necesidades presentes y futuras de una sociedad cada más exigente y global.
Entre los grandes ejes de la reforma policial que fueron identificados en el Foro se encuentran, en primer lugar, la adopción de una nueva Ley Orgánica, aspecto que es prioritario e inaplazable, pero insuficiente por sí solo, para el logro de una reforma policial integral. El reto mayor es implementar adecuadamente las aspiraciones contenidas en la ley. Ello requiere voluntad política y recursos económicos que respalden lo planteado en la
De estos grandes ejes, y a partir de las intervenciones puntuales de los participantes en el Foro, se deriva un conjunto de iniciativas que pueden ser agrupadas en las siguientes líneas programáticas de la reforma policial:
1. Dignificación de la función policial. Se reconoce que el bajo salario de los integrantes de la Policía es un factor de riesgo para la reforma, por lo que es imperativo mejorarlo, aunque la fijación de los mismos debe hacerse en función de los requerimientos del puesto y funciones. Este eje comprende, además, el fortalecimiento de la seguridad social de los agentes y sus familias, políticas de vivienda y una pensión digna. También ha de contemplarse una dotación más completa de los medios de seguridad para el ejercicio de la función policial.
2. Fortalecimiento del sistema de la carrera policial. Si bien existe una carrera policial, es imprescindible fortalecerla de cara a los nuevos paradigmas de la gestión policial. El ingreso a la Policía debe ser por concurso público de méritos. Hay que crear un sistema meritocrático para los ascensos, que destierre el tráfico de influencias y el incumplimiento del escalafón de la carrera. Preciso es establecer un régimen de incompatibilidades que prevenga los conflictos de intereses.
3. Redefinición de la doctrina policial. Es preciso repensar los dogmas y principios de la función policial para adaptarlos a los requerimientos de una sociedad democrática. Los agentes del orden deben ser reentrenados en los nuevos paradigmas para superar una cultura represiva que ha pervivido a pesar de innumerables avances.
4. Profesionalizar y especializar los agentes policiales. La educación es un componente vital para lograr la transformación cultural que requiere la reforma policial. La Policía necesita seguir contando con recursos humanos eficientes para las distintas tareas propias de su función. La formación debe ir de la mano con los requerimientos del puesto para que impacte en el mejor desempeño de la función y para ser efectiva debe contarse con un plan integral educativo de toda la institución.
5. Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Los actos de las instituciones en el marco de la democracia deben estar revestidos de transparencia y apertura. La Policía necesita abrirse a los requerimientos de la sociedad, que demanda la erradicación de prácticas ilegales en el manejo de recursos a lo interno, como en el plano operativo con los ciudadanos. La falta de transparencia solo tiende a generar desconfianza e impide que la ciudadanía aprecie la labor policial.
6. Fortalecer los controles internos y externos. La Policía es una agencia expuesta a grandes riesgos y tentaciones y, por tanto, necesita rigurosos sistemas de control, tanto internos como externos. Los controles represivos o disciplinarios deben respetar el debido proceso de ley que manda la Constitución. Es imperativo, además, fortalecer y delimitar la Inspectoría y el área de Asuntos Internos. Las Comisiones de Investigación Independientes podrían ser un mecanismo efectivo para elevar la confianza ciudadana de cara a situaciones ocasos complejos que ameritan de gran credibilidad. Se deben adoptar mecanismos de control como las declaraciones juradas, las investigaciones de patrimonio y las pruebas de confianza.
7. Desmilitarizar la gestión policial. La Policía, que nació imbuida de un espíritu castrense o militar, necesita hoy vislumbrarse como una agencia civil de servicio a la ciudadanía, despojándose, donde aún perduren, de los métodos represivos que le caracterizaron. La gestión policial deberá seguir las técnicas modernas que han tenido tanto impacto en todas las áreas de la economía y la sociedad y que han sido asumidas por el sector público a nivel mundial, con la finalidad de mejorar los procesos y servicios en beneficio de la comunidad.
8. Enfoque en Derechos humanos. Una de las principales exigencias que se realizan hoy a la Policía es avanzar gradualmente hacia un modelo de servicio que garantice la seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos humanos, de forma que se asegure la protección de las personas conforme las exigencias del Estado social y democrático de derecho. Esto impone repensar los protocolos del uso de la fuerza y las armas de fuego para evitar los excesos y los abusos en perjuicio de la población, al tiempo que se garantizan los medios necesarios para la seguridad de los agentes policiales.
9. Fortalecer la inteligencia e investigación criminal. La complejidad del fenómeno criminal en la actualidad impone a la Policía superar los esquemas de investigación por caso, y pasar una persecución estratégica, así como la coordinación de macroprocesos para perseguir redes criminales. La especialización en la función de investigación será vital, así como la sinergia de la Policía Nacional y el Ministerio Público, para robustecer la investigación y la acción penal pública, en el marco de las atribuciones y competencias constitucionales y legales de cada una de ellas.
10. Reforzar la prevención del delito. La prevención del delito debe concebirse como uno de los espacios privilegiados de la relación y cooperación entre la sociedad y la Policia. Esta tarea, si bien no es exclusiva de la Policía, forma parte del núcleo esencial de su función. Ello exige un mayor involucramiento con la comunidad conforme el paradigma de la “Policía de la proximidad”.
11. Apoyo interinstitucional. Una reforma policial integral requiere de un gran apoyo interinstitucional y la coordinación de múltiples políticas de gobierno a nivel central y local. El Servicio 911 es un ejemplo de lo provechoso que resulta la adecuada coordinación de esfuerzos para brindar servicios a la ciudadanía. De ahí que es necesario establecer canales de comunicación permanente que aseguren un intercambio de información entre la Policía y las otras instituciones del Sistema de Justicia, así como los órganos de la administración pública que interactuan a gran escala en las políticas de seguridad y bienestar ciudadano.
12. Plataforma tecnológica. Es importante dotar a la Policía de las herramientas tecnológicas prioritarias para el ejercicio adecuado de la función. No se puede prevenir ni perseguir el delito eficientemente si no se cuentan con equipos apropiados, menos aun cuando se trata del crimen organizado.
13. Redefinición de la adscripción orgánica. Se plantea la necesidad de reordenar la estructura para adscribirla al Ministerio competente conforme el modelo constitucional que reserva al Presidente de la República la autoridad y mando supremo de las fuerzas de seguridad, obrando ordinariamente por intermedio del ministro del ramo. Esto conlleva también una revisión del Consejo Superior Policial para asegurar un contrapeso entre los componentes que lo integran.
14. Eliminar la asignación de agentes policiales a servicios particulares. Se hace imperativo redirigir el servicio policial a sus fines naturales. Ello supone impedir legalmente la asignación de agentes policiales para asuntos privados, pues solo los dignatarios y autoridades que por la naturaleza de función requieran escolta policial deben contar con este beneficio de forma racionalizada y debidamente publicitada. Los particulares únicamente debería contar con escolta policial por mandato judicial para protegerlos en caso de que sean víctimas o testigos claves de un proceso judicial.
Disertantes
Los disertantes en el foro fueron el mayor general Castro Castillo, Jefe policial; el doctor William Camacho, Procurador General Corte; el periodista Rafael Molina Morillo, Director periódico El Día; Julio César Valentín, Senador de la República y Castaños, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS. Hablaron, además, la señora Alexandria Panehal, Directora de la USAID y Lorenzo Jiménez de Luis, representante del PNUD.
También Elpidio Báez, Diputado, Presidente de la Comisión Interior y Policía; Manuel Pérez Sánchez, exjefe de la Policía Nacional; Manuel María Mercedes, Presidente Comité Dominicano de Los Derechos Humanos; Fausto Rosario, Director periódico digital Acento; Juan Carlos Monge, Consultor del P.N.U.D; Rosalía Sosa, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana y Persio Maldonado, Director del Periódico El Nuevo Diario.
Además, Bernardo Santana Páez, Exjefe de la Policía Nacional; Juan Hiroito Reyes, Juez; Eric Raful, Abogado; Adriano Miguel Tejada, Director periódico Diario Libre; Daniel Pou, Consultor en Seguridad Ciudadana; Raymond Rivera, Consultor para USAID/ ICITAP y Homero Figueroa, Centro Juan XXIII.
