República Dominicana. El ministro de Relaciones Exteriores,
arquitecto Andrés Navarro, reiteró hoy ante la Misión de Observación de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que el gobierno del presidente Danilo
Medina ha establecido los mecanismos de control para garantizar que no ocurran
deportaciones masivas de extranjeros en situación migratoria irregular,
violaciones a los derechos humanos y casos de apatridias durante la ejecución
del Plan de Regularización de Extranjeros.
Recordó que el proceso ha permitido que más de 288 mil
personas con situación migratoria irregular hayan podido iniciar su proceso de
regularización y están en camino de recibir su estatus legal.
Al darle la bienvenida a la comisión designada por la OEA
para observar el proceso de regularización, en su mayoría haitianos, Navarro
precisó que la iniciativa, sin precedente en el hemisferio, con alto costo
económico para el país y gratis para los que se acogieron al plan, ha estado
estrictamente apegado a las leyes dominicanas y a las mejores prácticas
internacionales en materia migratoria.
En su mensaje de bienvenida pronunciado en el Salón de
Recibo de la Cancillería, Navarro calificó de “infundadas” las acusaciones que
se hacen en contra de la República Dominicana, “pues no es verdad que exista
apatridia ni el interés de deportar en ningún grupo de extranjeros en
particular, y mucho menos a ciudadanos dominicanos”.
El funcionario refirió que el plan de regularización
surgió tras la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano,
que “en efecto generó preocupación en algunos sectores nacionales e
internacionales”.
Expuso que para enfrentar el problema de la aparente
retroactividad de la ley, el gobierno del presidente Medina pasó la ley 169-14
aprobada en el Congreso Nacional, la cual reconoce que las personas
posiblemente afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son
dominicanos o dominicanas de pleno derecho.
Reiteró que producto de la referida ley, más de 55 mil
dominicanos de ascendencia haitiana están reconocidos por la Junta Central
Electoral (JCE), organismo que ha señalado que apenas menos de 0.50% de los
registros verificados mostraron alguna irregularidad y que, por lo tanto, esos
casos serán dilucidados en los tribunales del país.
“En resumen, decimos y mantenemos que no hay ni un solo
caso de apatridia en la República Dominicana”, enfatizó Navarro ante la misión
integrada por Francisco Guerrero, Gabriel Bidegain, Steven Griner, Rebeca
Omaña, Ian Edwards y Pablo Sandino Martínez.
Expuso que el Gobierno ha hecho un mayor esfuerzo al
proporcionarles a aquellos extranjeros carentes de algún documento de
identidad, la oportunidad de alcanzar la nacionalidad dominicana en un período
de apenas dos años.
Agregó que el proceso de regularización se realizó
gratuitamente para los interesados, además de aceptarles una cédula, acta de
nacimiento o sólo el pasaporte como documento de identidad, “e incluso, en un
acto de alta confianza y condescendencia con el gobierno haitiano, se
registraron aquellos que presentaron algún documento provisional de la Embajada
de Haití en el país”.
Dijo que a todos los extranjeros que se acogieron al plan
se les está documentando a través de una base de datos biométricos que permitirá
darles mayor seguimiento y consolidación del ordenamiento migratorio, además de
que unos 7 mil estudiantes universitarios de origen haitianos se les ha
concedido visa de permanencia hasta por cinco años sin costo alguno para que
puedan completar sus estudios.
“Distinguidos visitantes, sepan ustedes que si no se han
regularizado más personas no ha sido por falta de voluntad del gobierno
dominicano para que se regularicen. Quienes no lo han hecho ha sido o porque el
gobierno de Haití no los ayudó proporcionándoles documentos de identidad o bien
porque esas personas no obtemperaron a las facilidades para su regularización.
Esa es la realidad y toda la verdad”, refirió.
Consideró que, contrario a “las falacias, inventos y
descréditos” por parte de algunos sectores en contra de la República
Dominicana, “las autoridades haitianas debieran celebrar con el gobierno
dominicano porque por primera vez en la historia se ha logrado invertir la
pirámides entre inmigrantes irregulares y regulares en el país”.
Indicó que, contrario a lo que se ha especulado en el
sentido de que las deportaciones de extranjeros en condición irregular tiene el
propósito de sacar dominicanos en condición de apátridas por sus orígenes
haitianos, “el gobierno dominicano ha tomado todas las prevenciones de lugar
para que, gracias al registro biométrico y la documentación en posesión de los
extranjeros regularizados, se eviten cuantos errores humanos imaginables en
cuanto se reanuden las deportaciones que fueron suspendidas por decreto presidencial
en el 2013″.
Añadió que una evidencia clara de que al país sólo le
interesa ordenar la inmigración irregular y no sacar a dominicanos
desnacionalizados, es que más de 30 mil haitianos han retornado a su país de
manera voluntaria, de los cuales el gobierno de Haití sólo ha podido hablar sin
identificar, de una persona de nacionalidad nigeriana.
“La salida voluntaria de nacionales haitianos a su país
es eso, voluntaria. Regresan no porque haya algún clima de terror como se puede
comprobar en nuestros barrios y campos, donde haitianos y dominicanos conviven
de manera pacífica. Es decir, no se trata de deportaciones inducidas o
veladas”, expuso.
Dijo que la inesperada salida o retorno voluntario parece
responder a tres razones: proteger sus pertenencias, garantizar su futuro
regreso legal al país, y porque corrió la voz de que las deportaciones
comenzarían tan pronto finalizara el plazo para la regularización voluntaria,
el día 18 de julio, cosa que como se ha demostrado no es cierto.
Navarro reiteró que el gobierno mantiene su disposición
al diálogo bilateral como lo han sugerido distintos gobiernos del hemisferio,
“pero no sobre la base de difamaciones y alegatos infundados sin verificar.
Hemos practicado y promovemos un diálogo franco, llano y eficaz para superar
las diferencias con absoluto respeto al ordenamiento jurídico e institucional
de Haití y la República Dominicana”.
La comisión gubernamental que encabeza Navarro, está
integrada además, por Alejandra Liriano, viceministra para asuntos de Política
Exterior; Luis Henry Molina, viceministro de la Presidencia; Washington
González, viceministro de Interior y Policía; los embajadores dominicanos en
Washington y Haití, Pedro Vergés y Rubén Sillié, respectivamente, mayor general
José Eugenio Matos De La Cruz, comandante del Ejército de la República
Dominicana, Rubén Paulino Sem, director de Migración y Josué Fiallo, asesor del
Poder Ejecutivo en materia de Derechos Humanos de la Presidencia.
La misión sostendrá reuniones en las oficina del Plan
Nacional de Regularización de Extranjeros, además de sostendrá una reunión de
trabajo con representantes de otros organismos del gobierno.
Asimismo, sostendrán una reunión con el embajador de los
Estados Unidos en el país, James Brewster, además de que realizarán una visita
al Centro de Acogida de haitianos ilegales en Haina, en tanto que el sábado se
encontrarán con representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil
como el Centro Bonó, el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el Observatorio de las Migraciones en el Caribe
(OBMICA), Save the Children-RD, Foro Feminista, Centro de Planificación y
Acción Femenina (CIPAF), Participación Ciudadana y Colectiva Mujer y Salud,
entre otros.
