Gobernador de Puerto Rico reconoce deuda de la isla es "impagable"
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La deuda de Puerto Rico supera los U$72,000 millones
Agencia EFE.
PUERTO RICO.- El
gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoce que
la deuda de la isla es “impagable” y considera que es hora de sacar a este
Estado Libre Asociado a EEUU de la “espiral mortal” en la que están envueltas
sus finanzas públicas.
Así lo asegura en una entrevista con The
New York Times, que adelantó esta noche en su web el contenido de
un artículo que saldrá publicado el lunes, cuando previsiblemente el gobernador
ofrecerá un mensaje a toda la ciudadanía para anunciar su decisión de buscar la
reestructuración de la deuda, que supera los $72,000 millones.
El reconocimiento de que “la deuda es
impagable; que no es cuestión de política sino de matemática” es una admisión
que García Padilla se había negado a hacer hasta ahora, y que deja a la isla en
un limbo, ya que, al no ser un estado de EEUU, no puede
declararse en bancarrota según la legislación federal.
La entrevista se realizó la semana pasada,
pero se publica haciéndola coincidir con la difusión que García Padilla tiene
previsto hacer el lunes de los resultados de un informe encargado a
exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el que
éstos, según el diario, concluyen que la carga de la deuda efectivamente es
“insostenible”.
“En EEUU no hay precedentes de esta dimensión
o este alcance”, asegura el informe, dirigido por la ex economista jefe del
Banco Mundial Anne Krueger y al que The New York Times dice haber tenido acceso.
Con esta entrevista el Gobierno parece
preparar el terreno para anunciar el lunes su intento de aplazar y renegociar
el pago de la deuda, una decisión que, en palabras del diario, “probablemente
tendrá amplias repercusiones financieras”.
García Padilla afirma que “seguramente se
buscarán concesiones significativas de todos los acreedores posibles”, lo que
podría incluir “el aplazamiento de algunos pagos por incluso cinco años”.
Esta decisión coincide temporalmente con el
agravamiento de la crisis que vive Grecia en torno también a la carga de su
deuda, lo que hace inevitables las comparaciones entre ambas economías.
“Un impago podría dejar a la isla, sus
acreedores y sus residentes en un limbo legal y financiero que, como la crisis
de la deuda en Grecia, podría tardar años en resolver”, afirma el diario
neoyorquino.
“Mi Administración está haciendo todo lo
posible para evitar el impago, pero tenemos que hacer que la economía crezca.
Si no, estamos en una espiral mortal”, explica García Padilla al diario, que
recuerda que la isla, de 3,6 millones de habitantes, acumula más deuda municipal
que cualquier otro estado de EEUU.
El mercado de la deuda municipal en EEUU es
gigantesco y la cantidad de deuda puertorriqueña es de tal calibre y está tan
repartida entre inversores estadounidenses particulares que los expertos
temen un desequilibrio financiero de importantes dimensiones.
García Padilla asegura en la entrevista que
su Gobierno no puede seguir pidiendo dinero prestado para hacer frente al
déficit presupuestario mientras se le reclama a sus residentes, que ya están
luchando con altos índices de pobreza y delincuencia, que asuman la mayor parte
de la carga a través de aumentos de impuestos y recortes de pensiones.
Ante la posibilidad de que los acreedores no
quieran negociar, afirma que “será peor para ellos”.
“Nuestra economía va a entrar en una
situación peor y tendremos menos dinero para pagarles. Se estarían disparando
en el pie”, añade.
Aunque hasta ahora el Gobierno se había
negado a hablar de renegociar la deuda, algunas empresas públicas ya lo habían
empezado a hacer, como al Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ya ha
tendido que aplazar algún pago y lleva meses de negociaciones con sus
acreedores.
Se da la circunstancia de que el miércoles, 1
de julio, comienza el nuevo ejercicio fiscal, para el que aún no hay aprobado
un presupuesto, y llega el vencimiento de varios pagos de deuda, que parecen
inasumibles para el Gobierno y sus empresas públicas.
De llegar a hacerse, ésta será la primera vez
que un estado o un territorio de EEUU reestructure el pago sus obligaciones
generales, unos instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno y que están
garantizados por la Constitución estatal, con prioridad de pago ante cualquier
otro gasto público.
