350 dólares de multa a la empresa de la presidenta argentina por irregularidades administrativas, asedian juez que la investiga
PORTADA 3:15
El Gobierno de Argentina impone una multa equivalente a 350 dólares a la empresa de la presidenta por irregularidades administrativas
El Gobierno de Argentina
denunciará al juez Claudio Bonadio, que investiga las irregularidades
fiscales cometidas por la empresa Hotesur, administradora del hotel Alto
Calafate, propiedad de la presidenta del Gobierno, Cristina Fernández. Las
irregularidades existieron. El juez ordenó la semana pasada el allanamiento de
la sede legal de Hotesur en Buenos Aires y se confirmó que la empresa llevaba
al menos tres años sin presentar sus cuentas ante la Inspección General de la
Justicia. De hecho, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció el
lunes que el Gobierno multaría a la citada empresa con la pena “más severa”:
3.000 pesos, equivalentes a 350 dólares. O sea, una nimiedad. Pero eso no
impidió que Álvarez calificase al juez de “pistolero”.
El martes
por la noche, después de que una decena de legisladores y altos cargos
criticaran la actitud del juez, la propia presidenta, tras un mes de silencio
debido a su convalecencia, acusó en Twitter al juez de ser socio de una
estación de servicio que tampoco había presentado sus balances fiscales.
Fernández tuiteó:
Se ve que
se trata de una sociedad de familia. Y sabes que? Deben los balances por
ejercicios cerrados al 31/12 de 2012 y al 31/12 del 2013
Igualito
que Hotesur S.A. Algún legislador o legisladora denunciará? Algún Juez
allanará? Que dirá la prensa independiente?
¿Justificaba
esa infracción administrativa la orden de allanamiento? El jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich vio en su decisión una clara finalidad política. Aseguró que
hay más de 40.000 empresas en la misma situación que Hotesur y Bonadio solo
allanó a una. El problema es que esa "una" es la misma que, según
informó el 17 de diciembre de 2013 el diario La Nación, recibió 14,5 millones de pesos (1,7 millones de dólares)
por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez en concepto de alquiler de
habitaciones entre los años 2010 y 2011. Lázaro Báez es el mayo
concesionario de obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz.
Por tanto,
lo que subyace detrás de la investigación de Bonadio son varias cuestiones que
poco tienen que ver con la falta de presentación de unos balances. Primero: la
sospecha de que el hotel podría haber sido usado por Lázaro Báez para lavar
dinero. Segundo y principal: esas operaciones de lavado podrían afectar a la
presidenta. Y tercero: para entender la decisión del juez y la virulencia de
los ataques que recibe es preciso tener en cuenta que faltan solo once meses
para que se celebren elecciones presidenciales en Argentina. Este será, por
tanto, el último año en la presidencia de Fernández. Hay jueces y fiscales que
se atreven a investigar ahora lo que no investigaron desde que llegó a la presidencia
Néstor Kirchner en 2003 y le sucedió Fernández en 2007.
La
denuncia del Gobierno contra Claudio Bonadio tiene pocos visos de prosperar en
el órgano rector de los jueces, el Consejo de Magistratura, donde el sector
afín al Gobierno no cuenta con mayoría. Pero mientras tanto, el Gobierno ha
disparado críticas desde decenas de frentes. El que abrió la veda fue el jefe
de Gabinete, Jorge Capitanich, quien la semana pasada acusó a la Justicia de
“golpismo activo” y el martes ratificó sus palabras. Después se sumaron varios
legisladores como la diputada oficialista Diana Conti -“Fue un acto judicial
impertinente que huele a extorsivo” o el diputado Carlos Kunkel: “Siento vergüenza de que
Bonadio haya tenido que ver conmigo y con tantos otros compañeros”.
El senador
kirchnerista Aníbal Fernández señaló: “En ningún país serio del mundo” “se
allana una empresa que pertenece a la presidenta. Es un gesto falto de decoro,
absolutamente falto de decoro”. El dirigente social Luis D’ Elía tuiteó un
mensaje a sus 148.000 seguidores, donde decía: “Simbólicamente debemos dejar
clavada en una Pica la cabeza de Claudio Bonadio, en la vereda de Comodoro Py
[sede de los tribunales].
El
secretario de Justicia, Julián Álvarez llamó al juez “pistolero”. Lo dijo
“metafóricamente”, pero añadió: “Bonadio es un tipo violento, es un juez que
todos conocemos por haber asesinado a dos individuos con un arma Glock, que es
como una metralleta; es un juez que tiene un antecedente grave de violencia en
su haber y amante de las armas”.
Todas las
críticas del kirchnerismo transmiten el mensaje de que Bonadio trabaja en la
sombra para los grupos mediáticos críticos con el Gobierno y para el diputado
opositor y antiguo kirchnerista Sergio Massa. La denuncia que prepara el
Gobierno contra Bonadio intentará demostrar que el juez ha utilizado la
investigación sobre el hotel para crearse “un escudo” mediático y judicial ante
los intentos del sector oficialista de celebrar un juicio político contra él.
"Como [el juez Bonadio] sabe que lo estamos observando”, declaró Julián
Álvarez, “ordena un allanamiento a una empresa vinculada a Cristina Kirchner
para que los medios luego digan 'El Gobierno investiga al juez que investiga a
la Presidente', así pasa de victimario a víctima y se genera un escudo”.
(DominicanaDigital.net)
Fuente: El Pais
