Opinión: "Protección Social y Competitividad"
PORTADA 13:04
Por Margarita Cedeño de Fernández.
FUENTE: LISTIN DIARIO / PUNTOS DE VISTA
Una correlación que ha sido poco analizada en el ámbito de las políticas sociales, es la que se verifica entre los programas de protección social y sus aportes a la competitividad del país.
Algunos han querido argumentar en contra de los programas de protección social, aduciendo que los mismos constituyen un incentivo perverso que lleva a las poblaciones vulnerables a vivir constantemente de la ayuda estatal social y que son una carga fiscal para el Estado, que disminuye su capacidad de competir en los mercados internacionales. Nada más absurdo.
Recientes estudios confirman que “una red social que garantice salud, educación y acceso a servicios...permitirá el desarrollo del talento de personas de menores recursos.” En consecuencia, generan capital humano y social, rompen causas estructurales de la pobreza intergeneracional y cumplen la función garantista de los Estados Sociales de Derechos.
Por ejemplo, en Europa, donde Ángela Merkel, Canciller alemana, se cuestionaba sobre la sostenibilidad de un Estado de Bienestar sustentado en programas de protección social, la práctica y la experiencia le demostraron cómo los países con mayores niveles de protección social son los que mantienen los más altos niveles de competitividad, como es el caso de los países nórdicos.
Esto así porque, en dichas naciones, y tal como aboga el compañero y amigo Presidente Danilo Medina para nuestro país, las políticas económicas son instrumentos de inclusión social, que se complementan con las políticas sociales; las que a su vez se sustentan en estimular a los beneficiarios para la capacitación en la búsqueda de inserción laboral y emprendimiento.
Europa, de acuerdo a Merkel, concentra el 7% de la población mundial, el 25% del Producto Interno Bruto del mundo y el 50% del gasto social medido en relación al presupuesto. Además, es una región cuya configuración socio-demográfica mantiene un cuestionamiento serio sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar. A pesar de ello, se reconoce que esas políticas sociales son las que ayudan a mantener la competitividad a nivel empresarial e industrial.
En el caso de América Latina, la región más desigual del mundo, el reto de la competitividad pasa por el cierre de las brechas sociales que aún persisten. Para ello, las políticas sociales vinculadas a programas de transferencia monetaria condicionada demuestran ser eficientes en abordar varios aspectos relacionados con la competitividad, especialmente la productividad.
De acuerdo a la Corporación de Estudios para Latinoamérica, “lograr mejores índices en el área de recursos humanos requiere de una mejora en los niveles educacionales, transitando de políticas de cobertura a políticas de calidad”, tal y como lo estamos haciendo en el actual gobierno.
La implementación de estrategias de capacitación técnico-profesional, el acceso al microcrédito, la bancarización y la educación financiera, que llevamos a cabo desde el Gabinete de Políticas Sociales que me honro en presidir y coordinar, son políticas públicas que aportan a la productividad, a la competitividad y a la dinamización económica
Existe un cuestionamiento relativo a si un alto nivel de protección social por parte del Estado constituye un problema en cuanto a la disciplina fiscal y la competitividad en el ámbito global. Informes de la Unión Europea y de la OCDE plantean que países que invierten un alto porcentaje de su presupuesto en protección social demostraron tener un mejor desempeño económico, demostrando, en consecuencia, que un modelo de protección social financiado por el Estado es compatible con los factores que inciden en la competitividad del país. Incluso, existe evidencia de que el gasto social promueve la competitividad.
Un interesante ejemplo sobre esta realidad es la inversión en términos de gasto social que realizan países europeos, para que los jóvenes que abandonan estudios secundarios puedan culminar los mismos y, a la vez, obtener alguna capacidad técnica. En ese sentido, los resultados plantean que realizar esa inversión evita un gasto social mayor en el futuro, ya que un elemento capacitado tiene más oportunidades de insertarse laboralmente y, en consecuencia, aportar al Estado de Bienestar.
En el caso de nuestro país, los programas de protección social aportan decididamente a la productividad del país y a la sostenibilidad de las inversiones sociales, porque estamos rompiendo el círculo vicioso de la pobreza. Lo que se está haciendo con la inversión social en la República Dominicana es abordar el problema presente y futuro de la competitividad. Estamos dotando a las personas en pobreza de las herramientas necesarias para aportar a la competitividad del país.
Algunos han querido argumentar en contra de los programas de protección social, aduciendo que los mismos constituyen un incentivo perverso que lleva a las poblaciones vulnerables a vivir constantemente de la ayuda estatal social y que son una carga fiscal para el Estado, que disminuye su capacidad de competir en los mercados internacionales. Nada más absurdo.
Recientes estudios confirman que “una red social que garantice salud, educación y acceso a servicios...permitirá el desarrollo del talento de personas de menores recursos.” En consecuencia, generan capital humano y social, rompen causas estructurales de la pobreza intergeneracional y cumplen la función garantista de los Estados Sociales de Derechos.
Por ejemplo, en Europa, donde Ángela Merkel, Canciller alemana, se cuestionaba sobre la sostenibilidad de un Estado de Bienestar sustentado en programas de protección social, la práctica y la experiencia le demostraron cómo los países con mayores niveles de protección social son los que mantienen los más altos niveles de competitividad, como es el caso de los países nórdicos.
Esto así porque, en dichas naciones, y tal como aboga el compañero y amigo Presidente Danilo Medina para nuestro país, las políticas económicas son instrumentos de inclusión social, que se complementan con las políticas sociales; las que a su vez se sustentan en estimular a los beneficiarios para la capacitación en la búsqueda de inserción laboral y emprendimiento.
Europa, de acuerdo a Merkel, concentra el 7% de la población mundial, el 25% del Producto Interno Bruto del mundo y el 50% del gasto social medido en relación al presupuesto. Además, es una región cuya configuración socio-demográfica mantiene un cuestionamiento serio sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar. A pesar de ello, se reconoce que esas políticas sociales son las que ayudan a mantener la competitividad a nivel empresarial e industrial.
En el caso de América Latina, la región más desigual del mundo, el reto de la competitividad pasa por el cierre de las brechas sociales que aún persisten. Para ello, las políticas sociales vinculadas a programas de transferencia monetaria condicionada demuestran ser eficientes en abordar varios aspectos relacionados con la competitividad, especialmente la productividad.
De acuerdo a la Corporación de Estudios para Latinoamérica, “lograr mejores índices en el área de recursos humanos requiere de una mejora en los niveles educacionales, transitando de políticas de cobertura a políticas de calidad”, tal y como lo estamos haciendo en el actual gobierno.
La implementación de estrategias de capacitación técnico-profesional, el acceso al microcrédito, la bancarización y la educación financiera, que llevamos a cabo desde el Gabinete de Políticas Sociales que me honro en presidir y coordinar, son políticas públicas que aportan a la productividad, a la competitividad y a la dinamización económica
Existe un cuestionamiento relativo a si un alto nivel de protección social por parte del Estado constituye un problema en cuanto a la disciplina fiscal y la competitividad en el ámbito global. Informes de la Unión Europea y de la OCDE plantean que países que invierten un alto porcentaje de su presupuesto en protección social demostraron tener un mejor desempeño económico, demostrando, en consecuencia, que un modelo de protección social financiado por el Estado es compatible con los factores que inciden en la competitividad del país. Incluso, existe evidencia de que el gasto social promueve la competitividad.
Un interesante ejemplo sobre esta realidad es la inversión en términos de gasto social que realizan países europeos, para que los jóvenes que abandonan estudios secundarios puedan culminar los mismos y, a la vez, obtener alguna capacidad técnica. En ese sentido, los resultados plantean que realizar esa inversión evita un gasto social mayor en el futuro, ya que un elemento capacitado tiene más oportunidades de insertarse laboralmente y, en consecuencia, aportar al Estado de Bienestar.
En el caso de nuestro país, los programas de protección social aportan decididamente a la productividad del país y a la sostenibilidad de las inversiones sociales, porque estamos rompiendo el círculo vicioso de la pobreza. Lo que se está haciendo con la inversión social en la República Dominicana es abordar el problema presente y futuro de la competitividad. Estamos dotando a las personas en pobreza de las herramientas necesarias para aportar a la competitividad del país.
