Balance 2013 de los derechos humanos en la República Dominicana
Publicado por periodicodiarioinformativo Balance 2013 de los derechos humanos en la República Dominicana 16:12
12-12-2013(DD)República Dominicana. El año que finaliza fue de muchas decepciones para la ciudadanía. La esperanza conque nació el año 2013, encarnada en un presidente prometedor como el licenciado Danilo Medina, parece que al finalizar el año terminará en una pesadilla.
Los servicios básicos como agua, la energía eléctrica, el transporte se han deteriorados, al tiempo que el costo de la vida alcanza niveles estratosféricos. La represión a las protestas sociales estuvo a la orden del día, y se dieron casos de asesinatos a mansalva de jóvenes que reclamaban en las calles mejoras para sus comunidades.
La delincuencia sobrepasó los límites imaginables, la corrupción continuó galopando por sus fueros y finalmente la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional coronó a la República Dominicana como país campeón en violación a los derechos humanos, con la consecuente enervación de un nacionalismo paria que ha llegado al extremo de pedir la muerte contra quienes se oponen a dicha sentencia, como es el caso de los periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.
La sentencia de odio
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional constituye una de las atrocidades más grades que se haya cometido en los últimos tiempos, no solo en el continente americano, sino en el mundo, pues las consecuencias fatales que causará a la integridad personal y al desarrollo social y humano de los afectados son incalculables.
Recuérdese que los esclavistas estadounidenses ni los segresionistas del apartheid sudafricano se atrevieron jamás a desnacionalizar a nadie.
La sentencia del Tribunal Constitucional no solo viola la actual Constitución en su artículo 18, desconoce o borra de un plumazo la vigencia del JusSoli (derecho de suelo) vigente desde 1929 hasta las 10:00 de la mañana de 2010, sino que ofende la inteligencia y la Academia de la Lengua al establecer que es lo mismo tránsito que indocumentalidad, además de ir más allá de lo que se le pidió en el recurso de amparo que estaba conociendo.
Esto, sin mencionar los acuerdos y tratados internacionales que, de acuerdo con la Constitución de 2010, en materia de derechos humanos tienen rango constitucional.
A todo esto se suma la defensa asumida por el gobierno del presidente Danilo Medina a dicha sentencia, así como de los principales sectores de poder del país, que lejos de mostrarse en actitud de buscar una salida humana a la situación creada.
Las conclusiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que estuvo en el país verificando los efectos de la sentencia, en el sentido de que “La Comisión estima que la Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”, deja muy mal parada a la República Dominicana y la expone a sanciones y aislamiento internacional.
Concomitantemente con esto, el país ha continuado con las repatriaciones forzadas e ilegales, aunque lo ha negado, a la vez que en la zona fronteriza se han presentado acciones contra nacionales haitianos que han estado a punto de provocar actos de linchamientos y violencia generalizada.
La sentencia ha creado un ambiente turbio de falso nacionalismo, en que sectores extremistas y de derecha han llegado a enarbolar consignas como la rotura de relaciones con Haití y la construcción de un muro que separe ambos países, así como el pedido de muerte contra quienes se oponen a la sentencia, como es el caso de los conocidos periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora.
Corrupción e impunidad
La justicia dominicana mostró una actitud de complicidad contra ex funcionarios públicos, incluyendo al ex presidente Leonel Fernández, señalados como responsables de graves actos de corrupción. Es actitud cómplice es el resultado de la conformación de un sistema judicial a imagen y semejanza del ex mandatario, y cuyos jueces no muestran ningún prurito moral a la hora de plegarse a sus dictámenes.
A la fecha el presidente Danilo Medina ha rehusado referirse al tema de la corrupción, sonando con fuerza todavía su llamado a no tirar piedras hacia atrás, lo que ha sido interpretado como la aplicación de una política de borrón y cuenta nueva, lo que en la práctica se traduce en complicidad para con sus compañeros de partido señalados como corrupto, y en el caso del ex presidente Fernández, responsable del mayor déficit fiscal conocido en la historia del país.
La impunidad, o no consecuencias jurídicas sobre los actos de corrupción, permean toda la sociedad, hasta el punto de que la República Dominicana sigue siendo considerado uno de los tres países más corrupto del mundo.
Situación social y económica
Este año 2013 la República Dominicana mantuvo de forma sostenida el endeudamiento externo, lo que obliga a que un altísimo porcentaje del presupuesto del año próximo deba ser destinado al pago de interese de la deuda. A esto se le suma un déficit fiscal en el orden del 3% del Producto Bruto Interno, lo que a su vez contribuye con el aumento de la deuda pública.
Durante el año 2013 se observó un incremento permanente de los productos de primera necesidad, así como de los servicios, lo que se reflejó en la disminución del poder de compra de la gente, es decir, una disminución del ingreso.
También este año que termina el país se llevó la triste gloria de ser considerado como el tercero de mayor grado de inequidad de en América, siendo notoria en ese sentido la amplia brecha que separan a ricos y pobres.
Parte de ese panorama es el déficit habitacional existente en el país y la lentitud en la búsqueda de soluciones a problemas angustiantes, como son los casos de los residentes en el sector La Barquita, en el municipio Santo Domingo Este, y los afectados por la crecida del Lago Enriquillo, en la provincia Independencia.
En República Dominicana cerca del 65% de quienes tienen vivienda no posee títulos de propiedad del suelo, por lo que son frecuentes los desalojos forzosos.
También se continuó con la práctica de los desalojos ilegales contra decenas de familias que ocupaban terrenos del Estado. Estos desalojos en la mayoría delos casos se hacían sin observación de la Ley y con el objeto de favorecer a personas y/o empresas particulares.
Asimismo, se observó un estancamiento en la tasa de desempleo, indicador de que el año estuvo marcado por el estancamiento laboral, mientras las centrales sindicales denunciaron en múltiples ocasiones violaciones sistemáticas al derecho a la sindicalización, sobre todo por parte de empresas de capitales nacionales.
Educación y salud
Los indicadores revelan que la salud dominicana va por mal camino. Oficialmente se han registrado 96 muertes por causa del dengue y 38 por Cólera, pero según ha denunciado el Colegio Médico Dominicano hay un sub registro y las muertes por dengue sobrepasarían las 130 y cerca de 50 por cólera.
El desmonte de la cuota de recuperación ha beneficiado en lo económico a los usuarios de los servicios de salud de la red pública de hospitales, pero según afirman los directores de los centros sanitarios, el desmonte está provocando que el sistema vaya en picada, pues el Ministerio de Salud no ha asumido totalmente la responsabilidad de la medida, al punto que algunos hospitales han sufrido situaciones de carencias de materiales necesarios.
Igualmente, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social se ha observado un deterioro constante. Ejemplo es que el seguro del Estado, el Seguro Nacional de Salud se encuentra enfrascado en una discusión con los centros especializados de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, cuyos directores acusan al Senasa de pretender llevarlos a una situación de insostenibilidad económica, mientras le niega servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado.
A su vez Senasa acusa a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de cuidar más los intereses de las Aseguradoras de Riesgos de Salud y las clínicas privadas que la de los afiliados. Como respuesta, la Sisalril acusa a la dirección de Senasa de rehusarse a permitir que se fiscalice y se regule, lo que pone sobre el tapete una evidente situación de corrupción que estáhaciendo colapsar el sistema.
En el aspecto educativo, es alentador el llamado y los trabajos que se realizan con miras a la firma del Pacto Educativo, así como la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización, que ya lleva un año.
A pesar de que este año 2013 el Ministerio de Educación cuenta con el 4% del Producto Interno Bruto como presupuesto, cerca de RD$100 mil millones, lo cierto es que no se han visto avances tangibles en el sistema educativo preuniversitario.
La mayor parte del presupuesto ha sido destinado para la construcción de aulas, y aunque el gobierno no alcanzará la meta de las 10 mil que se había propuesto para este año, continúa con la misma política, carente de planificación.
Seguridad ciudadana
En el año 2013 la ciudadanía vivió al filo de la inseguridad. Fue un año marcado por la violencia, la inseguridad y la desconfianza colectiva. Los asaltos y asesinatos tocaron a todos los sectores y capas sociales, desde simples ciudadanos hasta militares de alto rango, lo que es ejemplo evidente del fracaso del gobierno en materia de seguridad ciudadana.
Se estima que cerca de un 70% de la población no se siente segura, pues si bien es cierto que le teme a la delincuencia común, mucho más miedo le tienen a los propios agentes policiales y militares encargados del orden público.
Ante los hecho delincuenciales, el Gobierno responde, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con una política de mano dura, olvidándose de las raíces del problema, entre ellos el desempleo y los bajos salarios, entre ellos los de los militares y policías.
Este año ha sido motivo de preocupación, además, el auge e incremento del narcotráfico, sobre todo por el hecho de que altos personal y altos oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ejército, la Policía y la Armada se han visto involucrados en el tráfico de estupefacientes.
En el aspecto de la seguridad ciudadana, se observó un deterioro paulatino del sistema penitenciario dominicano, llegando a verse, incluso, una evidente pérdida del control en algunas centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, que ha sido prácticamente abandonado por las autoridades.
Violencia y ejecuciones extrajudiciales
Este año la violencia ha arrancado la vida a más de 1,500 personas, entre ellas un estimado, sin confirmar aún, de 270 a manos de la Policía Nacional, en los ya famosos intercambios de disparos. En la próxima semana, luego de terminar de cotejar informaciones al respecto, la CNDH revelará la cantidad exacta y brindará detalles de cada una de estas muertes. También cuentan entre los caídos a causa de la violencia unos 55 policías y militares, algunos de ellos en situaciones dudosas que la propia Policía no ha aclarado.
Cabe destacar, también, que la República Dominicana continuó siendo uno de los principales países del continente con mayor violencia de género. Según la CEPAL, el tercer de América. Hasta eles de noviembre se habían registrado unos 65 casos de asesinatos de mueres por parte de sus parejas o ex parejas.(DD)
