EN ARGENTINA un informe concluye creación de empresa para defraudar al Estado Nacional
INTERNACIONALES, PORTADA 9:07
Además, el organismo concluyó que bajo el gobierno kirchnerista, por 52 contratos se pagaron sobreprecios por U$S 1.000 millones ($ 16.000 millones). La redeterminación de los valores fue presentada esta semana a la Justicia e incorporada a la causa que investiga una "matriz de corrupción" en la obra pública, direccionada a favor del socio comercial de Cristina Kirchner.
La Dirección Nacional de Vialidad la denuncia inicial y la posterior ampliación, remarca que las empresas del Grupo Austral fueron creadas para “defraudar al Estado Nacional" disponiendo procesos licitatorios "espurios, convalidando sobreprecios escandalosos y asignando circuitos administrativos de pago de excepción".
Bajo esta premisa y por pedido del juez Ercolini, el director de Vialidad -Javier Iguacel- actualizó los números de las contrataciones que fueron otorgadas a Báez. Se analizaron los saldos faltantes de obra con un índice que sale de una proporción de “Mano de Obra, Equipos, Combustibles y Lubricantes, y el resto de los componentes del Costo”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
El número actualizado asciende a U$S 3.082 dólares en contratos viales para el grupo Báez. Una de las cifras más llamativas es el sobreprecio que el Estado pagó al empresario preso por lavado de dinero, los cálculos oficiales determinaron que fue más de U$S 1.000 millones, por obras inconclusas en Santa Cruz.
Los valores exorbitantes que manejó el dueño de Austral, según Vialidad, muestran que hubo una “manipulación discrecional en los procesos licitatorios” con la “connivencia del Estado", avalando "pagos indebidos por trabajos que no se ejecutaron". En consecuencia se expidieron “certificaciones de obra falsos”, señala el documento oficial.
Durante el período que recibió los millonarios contratos viales, Báez sufrió un sustancial incremento en su fortuna: a la fecha el Tribunal de Tasaciones de la Nación le atribuye $ 2.250 millones sólo en propiedades. Y la cifra podrá trepar a los $ 3.300 millones, estiman en la Justicia.
Estas cifras son parte de la causa que investiga una presunta matriz de corrupción en la obra pública, que según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se trató de un "plan criminal" para beneficiar al empresario K. La ex Presidenta planteó en su indagatoria en esta causa que debía auditarse toda la obra pública desde 2003 a 2015, rechazando la auditoría de la actual gestión que coloca a Báez primero en el ranking de obra pública duplicando en cifras a JCR que lo secunda y que recibió U$S 1.116 millones. Esta firma, de la familia Relats, administró hasta este año el hotel boutique Los Sauces, de Cristina Kirchner.
En este marco donde se revelan supuestos sobreprecios, el empresario K declaró ayer ante el juez Ezequiel Berón de Estrada que lo investiga por la omisión de pago de aportes previsionales por $ 33 millones. Báez responsabilizó al gobierno de Cristina Kirchner y dijo que no pudo pagar "por los retrasos del Estado Nacional en el pago de certificaciones de obras".
