La guerra contra el narco del expresidente de México Felipe Calderón
PORTADA 7:23
México. Conforme pasa el tiempo, es cada vez más evidente el desastre que representó para las fuerzas armadas la decisión de Felipe Calderón de declararle la guerra al narcotráfico. Además de que durante su sexenio 357 soldados perdieron la vida, las estadísticas recientes sobre causas de muerte de soldados en actos de servicio incluyeron un nuevo rubro: la ejecución.
Sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias en que 28 soldados fueron ejecutados de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó recientemente la relación del personal fallecido en la aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del primero de diciembre de 2006 a mayo de 2014.
El sólo hecho de que un militar haya sido ejecutado revela que hubo errores, omisiones, falta de planeación y protección de los soldados que fueron enviados a combatir al crimen organizado, por parte del alto mando militar, que encabezó el general secretario Guillermo Galván Galván.
Porque la estadística de la Sedena precisa cuántos soldados murieron por "agresión de arma de fuego, caída, accidente automovilístico, accidente aéreo, ahogado, atropellado, descarga eléctrica, golpe de calor, deshidratado".
Una ejecución no es cualquier cosa, quiere decir que los responsables tuvieron tiempo para privar de su libertad a la víctima o que esperaron a que el soldado saliera confiado del cuartel para actuar.
En todo caso, esas agresiones representaron un abierto desafío al gobierno de Felipe Calderón y a la propia milicia.
Además, entre las víctimas, destacan tres tenientes coroneles que fueron asesinados en noviembre de 2009 en Trapiche, Colima; Chilpancingo, Guerrero, el 14 de noviembre de 2009 y el 15 de marzo de 2011.
Precisamente, el último ejecutado registrado fue un teniente coronel.
En lo que va de la actual administración han muerto 64 soldados, la proporción se redujo de 4.95 fallecimientos mensuales en el sexenio de Calderón a 3.55 mensuales en la actual administración. Cifras que revelan qué tan lejos estamos de vivir en un país seguro y sin violencia.
Año de Hidalgo o derroche en la Suprema Corte
Los funcionarios que ocupan casi un centenar de oficinas del segundo piso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron notificados hace unos días que tenían que empacar sus cosas porque se iba a renovar todo su mobiliario.
La intención de renovar los escritorios, libreros, gavetas y todo lo imaginable que se utiliza para el manejo de cientos de expedientes sería buena si no fuera por una cosa: una gran parte de esos muebles, sino es que todos, están en perfecto estado, algunos tienen sus años pero fueron hechos con madera de muy buena calidad.
Además, hay otros muebles, más recientes, que prácticamente están nuevos y que también serán tirados a la basura o llevados a quien sabe dónde porque difícilmente serán utilizados en otras oficinas del máximo tribunal.
El pretexto para deshacerse de los muebles que "pesan mucho" y que tienen que cambiarse.
Al interior de la Corte se especula si empezó el año de Hidalgo, a tan sólo cinco meses de que la administración del ministro presidente Juan N. Silva Meza termine, o bien, que la gente de administración no encontró mejor forma de justificar el gasto que comprando muebles que no eran necesarios.
Margarita Luna Ramos y su campaña "que no prende"
La campaña de la ministra Margarita Luna Ramos "no prende". Pero no nos referimos a su aspiración por suceder a Juan N. Silva Meza en la presidencia de la SCJN, sino a su campaña en las redes sociales.
Hace unas semanas la ministra anunció la apertura de su cuenta de Twitter, como un vehículo para dar a conocer las resoluciones y criterios de emitidos por el máximo tribunal y, por supuesto, para fijar su postura sobre temas jurídicos o resoluciones de la propia Corte.
En el medio judicial, la decisión de Luna Ramos se interpretó como un paso para impulsar su campaña en la carrera por la presidencia, que hasta el momento encabeza en solitario su compañero Luis María Aguilar Morales.
Hasta la fecha, el número de seguidores de la ministra en la red social es de 471, cifra que contrasta con los 38 mil 500 seguidores que tiene en su cuenta el ministro José Ramón Cossío Díaz.
¿Podrá la ministra remontar la diferencia?
¿El vaso medio vacío o medio lleno?
El 26 de agosto del año pasado, la SCJN presentó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género con el propósito de obligar a los juzgadores a cumplir el mandato constitucional de promover y respetar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además, se pretendía dar efectividad a los compromisos internacionales de México para erradicar la violencia contra la mujer.
De acuerdo con un estudio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hasta la fecha se tiene calculado que 50 por ciento de las sentencias emitidas por jueces federales están basadas en ese protocolo que tiene más de 10 meses en vigor y que se supone sería de observancia obligatoria.
La respuesta de los jueces nos remite al caso del vaso medio vacío o medio lleno.
