Ministerio Público de RD pide y obtiene un año de prisión contra implicados en secuestro en La Romana
PORTADA 7:56
Según se estableció, durante un operativo realizado la tarde del sábado 5 de abril, fue liberado el secuestrado y apresados los imputados a quienes al momento de la detención les fueron ocupadas varias armas de fuego, entre ellas, pistolas de las marcas Taurus, Glock y Daewoo 9 milímetros, una escopeta Maberick calibre 12 y un punzón, así como varios celulares de las marcas Alcatel, Ola, Samsung y Blackberry.
República Dominicana. El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal titular de esa jurisdicción, magistrado Richard Guilamo, logró que el juez de Atención Permanente, Abraham Nicolás Severino Saldiva, acogiera el pedido de medida de coerción contra imputados en caso de secuestro.
Del grupo de encartados que suman ocho en total, seis fueron enviados a prisión por un año como medida coercitiva, a quienes se les imputa alegadamente de secuestrar el sábado pasado a un ciudadano dominicano residente en San Martín que se encontraba en el municipio La Romana en donde construye una casa.
La medida coercitiva fue dictada contra los imputados Geivanny Joan Félix, alias Joan; Elvis Aaron Gómez Jiménez, Braulio Germán García, alias Moreno, y José Jiménez Telleria, alias José así como en contra de, Juan Féliz Mondoza Liriano y Nelson Casimir Pascual.
En cuanto a Daniel Solis Mateo, se suspendió el conocimiento de la vista de medida coercitiva para ser conocida este viernes 11 de abril del presente año, a petición de sus abogados para presentar presupuestos y estudiar el expediente.
En el caso de Carlos Muñoz Contreras, fue suspendida sin fecha, hasta tanto la Corte de Apelación de la Jurisdicción Penal del Departamento judicial de San Pedro de Macorís, tome decisión en torno a una recusación que interpusieron en la audiencia, en contra del magistrado Nicolás Severino Saldivar, juez de Atención Permanente que conocía la solicitud de medidas de coerción.
Los procesados están acusados de secuestrar a Bolívar Coipel Alcan, a quien supuestamente trasladaron en horas de la mañana del pasado sábado desde La Romana a una finca ubicada en la comunidad de El Tamarindo, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.
El Ministerio Público, que también estuvo representado por el magistrado Víctor Camacho Padua, le dio a dicho hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como 1 y 2 de la Ley 583 sobre Secuestro, y 39 párrafos I y II de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas.(DominicanaDigital.net)
Del grupo de encartados que suman ocho en total, seis fueron enviados a prisión por un año como medida coercitiva, a quienes se les imputa alegadamente de secuestrar el sábado pasado a un ciudadano dominicano residente en San Martín que se encontraba en el municipio La Romana en donde construye una casa.
La medida coercitiva fue dictada contra los imputados Geivanny Joan Félix, alias Joan; Elvis Aaron Gómez Jiménez, Braulio Germán García, alias Moreno, y José Jiménez Telleria, alias José así como en contra de, Juan Féliz Mondoza Liriano y Nelson Casimir Pascual.En cuanto a Daniel Solis Mateo, se suspendió el conocimiento de la vista de medida coercitiva para ser conocida este viernes 11 de abril del presente año, a petición de sus abogados para presentar presupuestos y estudiar el expediente.
En el caso de Carlos Muñoz Contreras, fue suspendida sin fecha, hasta tanto la Corte de Apelación de la Jurisdicción Penal del Departamento judicial de San Pedro de Macorís, tome decisión en torno a una recusación que interpusieron en la audiencia, en contra del magistrado Nicolás Severino Saldivar, juez de Atención Permanente que conocía la solicitud de medidas de coerción.
Los procesados están acusados de secuestrar a Bolívar Coipel Alcan, a quien supuestamente trasladaron en horas de la mañana del pasado sábado desde La Romana a una finca ubicada en la comunidad de El Tamarindo, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.El Ministerio Público, que también estuvo representado por el magistrado Víctor Camacho Padua, le dio a dicho hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como 1 y 2 de la Ley 583 sobre Secuestro, y 39 párrafos I y II de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas.(DominicanaDigital.net)
