El MEPyD cita aportes y responsabilidades de las ONGs en República Dominicana
El MEPyD cita aportes y responsabilidades de las ONGs en República Dominicana 16:44
Monegro dijo además que para ese logro están los consejos de desarrollo municipales, provinciales y regionales integrados por gobernadores, alcaldes, congresistas, empresarios, educadores, profesionales, sector agropecuario, juntas de vecinos y ONGs
Por Alexis Antonio Roa
27/11/2013(DD)Distrito Nacional. República Dominicana. El viceministro de
Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) considera
que las organizaciones no gubernamentales contribuyen a la buena gobernanza al verificar
el cumplimiento de los planes y proyectos estatales y el uso adecuado de los
recursos públicos.
Juan Tomás Monegro habló
sobre el tema ante representantes de asociaciones sin fines de lucro reunidos en
un seminario auspiciado por el Ministerio y Alianza ONGs en el hotel Barceló,
informó este miércoles la
Unidad de Comunicaciones del Ministerio.
El funcionario recordó,
informó este miércoles la
Unidad de Comunicaciones del Ministerio, que la ley de planificación ordena coordinar y
propiciar la participación público-privada en la formulación de planes y
proyectos de desarrollo territoriales cuya inversión haya sido priorizada de
manera participativa.
“Una de las funciones de estos
consejos es precisamente dar seguimiento (veeduría) a la ejecución de los
planes y proyectos. De ahí que están consignados los mecanismos de
participación de la sociedad civil en los procesos de planificación”, comentó.
Monegro destacó que en la
participación en el monitoreo y la evaluación de la Estrategia Nacional
de Desarrollo y del Plan Plurianual la ley manda promover la participación
social en la formulación, ejecución, auditoria y evaluación de las políticas
públicas.
“La creación de estos espacios
y mecanismos institucionales facilitan la corresponsabilidad ciudadana, la
equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición
de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad”,
comentó.
En ese sentido consideró que
el Consejo Económico y Social (CES) es el mecanismo por excelencia para la
veeduría social en el monitoreo y la evaluación
del accionar estatal.(DD)
Indicó que, en línea con lo
establecido en la Estrategia Nacional
Empero, advirtió que para eso se precisa contar con
ONGs que para la prestación de servicios a la comunidad cumplan con todos los
requisitos de ley y las normativas en la materia, por cuanto los recursos que
recibirán para ello provienen del presupuesto público.
El
objetivo del seminario fue promover la participación pública y la concertación
mediante la puesta en común de las perspectivas de funcionarios gubernamentales
y actores de sociedad civil sobre los mecanismos de participación en los
sistemas de planificación y en la política social.
En
el mismo también expusieron Giselle Scanlon, directora ejecutiva del Instituto
de la Salud (Insalud);
Alejandro Mercedes, asesor del Viceministerio de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
del Ministerio
de Hacienda, y el director ejecutivo del Centro de Asociaciones sin Fines de
Lucro del MEPyD, Hernán Paredes, y Milton Tejada, consultor de Alianza ONG.
Paredes recordó
que, entre otras línea de acción, la
Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo plantea fortalecer
los sistemas de supervisión pública y privada para permitir el castigo de los
delitos administrativos en el Estado y en las instituciones que reciben fondos
públicos.
Pero también es
una línea de acción modificar la modalidad de entrega de recursos públicos a
las ONG, transformando los actuales subsidios que ellas reciben en transferencias
de recursos mediante convenios de gestión.
Dijo que esa es una responsabilidad exclusiva
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene que organizar,
racionalizar y sistematizar las relaciones entre el Estado y las asociaciones
sin fines de lucro.
En cuanto al Observatorio
sobre la aplicación de la ley en la materia, que se aprobó hace más de 8 años, dijo
que se observan debilidades importantes en la aplicación de instrumentos
fundamentales como la habilitación o puesta al día de las mismas.
Paredes dijo que
por esa razón se hace necesario un monitoreo sistemático y permanente de la
aplicación de este marco jurídico.
Recordó, por
tanto, que el Observatorio de Aplicación de la Ley 122-05
se convertirá en una herramienta de control y evaluación de la
efectividad con que todas las instancias público-privadas aplican las
ordenanzas legalmente establecidas, pero también contribuirá a crear o a mejorar
los mecanismos más adecuados para ejecutar la política establecida.(DD)
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